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📚 Caso Práctico:

Una abogada penalista es asignada de oficio para defender a un presunto feminicida. Aunque la ley le exige brindar una defensa técnica adecuada, ella considera que moralmente no puede representar a alguien que, a su parecer, es culpable y ha dañado irreparablemente a una familia. La abogada se enfrenta al dilema entre cumplir con su deber profesional o seguir su convicción personal.


Preguntas para el debate:

  • ¿Debe un abogado actuar siempre conforme a su conciencia, aun si eso implica desobedecer la ley o renunciar a su función?
  • ¿Es válida la objeción de conciencia en el ejercicio de la abogacía? ¿Por qué sí o por qué no?
  • ¿Qué debe prevalecer: el deber jurídico o la moral personal del jurista?
  • ¿Puede considerarse ético que un abogado defienda a alguien que sabe culpable?
  • ¿Cuál es la responsabilidad del jurista frente a la sociedad cuando la ley entra en conflicto con los valores personales?


🎯 Objetivo del foro:

Analizar los límites éticos entre el deber profesional y la moral personal en el ejercicio del Derecho, desarrollando una postura crítica, fundamentada y respetuosa frente a dilemas que enfrentan juristas y abogados en la vida real.


🗣️ Reglas del foro:

  1. Argumenta tus respuestas con base en principios éticos y jurídicos.
  2. Respeta las opiniones distintas a la tuya.
  3. Evita comentarios ofensivos o personales.
  4. Escucha, analiza y responde con apertura intelectual.

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🔹 Ejemplo de participación:

Considero que el abogado, aunque tiene una responsabilidad ética consigo mismo, debe cumplir con su deber profesional ante todo. En el caso presentado, la abogada está obligada legalmente a brindar defensa, incluso si no comparte los valores del acusado. La objeción de conciencia puede ser válida en algunos contextos, pero no debería utilizarse para evadir una obligación profesional que protege garantías constitucionales como el derecho a una defensa.

Desde mi perspectiva, la ética del jurista debe ser integral: no se trata de defender lo que uno aprueba moralmente, sino de garantizar justicia a través del debido proceso. Si permitimos que los abogados elijan a quién defender por sus creencias, podríamos comprometer la imparcialidad del sistema de justicia.

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